Un concepto supremamente desordenado, el problema de la artesanía.

En 2002, el historiador y pensador Paul Greenhalgh escribió que la artesanía era “supremamente un concepto desordenado”. No era solo arte, diseño ni industria, y se hacía difícil ponerle un solo nombre. Era las tres cosas a la vez, y a la misma vez ninguna. Hemos llegado un punto donde la definición de artesanía se presenta como aquello que es arte, un estilo de vida, un recuerdo turístico, una utopia comunitaria o, sobre todo, como la actividad propia de un mundo rural desaparecido. Todo ello ha generado tal ambigüedad que ya apenas sabemos que significa la artesanía cuando nos referimos a ella.

Y sin embargo, ahí sigue, precisamente porque resiste a todas las categorías, pues es demasiado compleja como para caber en una sola. Sin embargo, esta ambigüedad, también ha acarreado consigo un problema más tangible, y es que nadie sabe a qué economía pertenece.

La artesanía queda atrapada entre la economía del arte y la del diseño, y por tanto, queda atrapada por las limitaciones de las dos. El artista venda pocas piezas muy caras, y el diseñador muchas más baratas. Y es ahí donde se encuentra el artesano, en un limbo, pues fabrica objetos únicos, con tiempo, el saber y el territorio, pero los vende a precios que compiten con la producción industrial.

Para poder sobrevivir económicamente la mayoría necesita producir mucho y barato, o vender poco y caro, en otras palabras, decantarse, clasificarse -siendo, en cierta medida contradictorio a si propia naturaleza- es decir, que el problema que se encuentra deriva directamente de su propia actividad, y esta no puede arreglarse naturalmente.

Y es por eso, que de esta indefinición conceptual surge un problema institucional. Sin una definición común a nivel europeo, la artesanía no tiene códigos estadísticos propios, no aparece en los registros económicos, no accede a financiación pública específica y no cuenta con protección jurídica frente a la falsificación. Un sector que en Europa mueve 50.000 millones de euros, invisible en los datos porque nadie se había puesto de acuerdo en qué contar.

Las Indicaciones Geográficas para productos Artesanales e Industriales, las IGAIs, es la respuesta institucional a ese problema. No es una política cultural ni un reconocimiento simbólico. Es un instrumento económico: convierte el origen en un derecho. Si tu producto tiene una calidad o una característica vinculada a un lugar específico, puedes registrarlo, protegerlo y comercializarlo con esa garantía en toda la Unión Europea y, a través de los acuerdos comerciales europeos, en el resto del mundo.

Los encajes de Bruselas, el cristal de Bohemia, la porcelana de Limoges, los cuchillos de Solingen se acaban definiendo no como productos, sino como territorio.